El
Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la lista de más de 417
medicamentos que, a partir del 1 de septiembre, dejarán de ser financiados por
la Seguridad Social, la inmensa mayoría de ellos por estar indicados en el
tratamiento de síntomas menores.
Los
pacientes deberán abonar íntegramente el precio de algunos fármacos indicados
para cuestiones como irritación de la piel, tos, diarrea o estreñimiento, lo
que permitirá un ahorro anual que la ministra de Sanidad, Ana Mato, cifró en 458 millones de
euros a finales de junio.
Aunque
inicialmente estaba previsto que esta exclusión de la financiación pública de
varios medicamentos entrara en vigor a primeros de agosto, finalmente Sanidad
anunció que sería el 1
de septiembre el momento en el que los usuarios tendrán que empezar a pagar por
ellos. Del listado publicado, en torno a la mitad su precio no
supera los cuatro euros.
También
entonces se cifró en 425 los medicamentos que se excluirían de la financiación
pública, pero el BOE detalla
por el momento 417 y esa lista se revisará de forma periódica.
Algunos
pacientes crónicos, como los enfermos de cáncer, aquellos con problemas
intestinales o las personas con paraplejia, no tendrán que adecuarse al nuevo
copago ya que Sanidad asume que saldrían excesivamente perjudicados. Esta
excepción afectará a 97 medicamentos:
Formadores
de volumen: Se mantendrán
financiados para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colon
irritable y diverticulosis.
Laxantes
osmóticos: Se
financiarán para casos de encefalopatía portosistémica y paraplejia.
Antagonistas
del receptor opioide periférico:
Estarán financiados para pacientes de cáncer.
Otros
vasodilatadores periféricos:
Conservarán la financiación en casos de claudicación intermitente.
Alcaloides
del opio y derivados:
Se mantendrán para pacientes con cáncer que sufran tos persistente.
Otros
oftalmológicos:
Estarán financiados en casos de síndrome de Sjögren.
Desde
el 1 de septiembre el resto de pacientes deberán pagar por medicamentos tan
populares como Almax (antiácido), Emportal o Duphalac (laxantes), Fortasec
(antidiarreico), pomadas para aliviar el dolor causado por la artritis como
Fastum, Calmatel y Movilisin, jarabes para la tos como Mucosan o Pectox y
acetilcisteína para patologías neumológicas, entre otros.
No
obstante, todos los medicamentos incluidos en la lista publicada en el BOE se
pueden y se deben seguir recetando cuando el médico lo considere apropiado,
aunque el paciente tendrá que abonar su coste íntegro, según explica Sanidad.
Por
otro lado, el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero ha insistido en que "en
principio" los medicamentos desfinanciados "deben tener el mismo
precio" y, en caso de que las farmacéuticas quieran incrementarlo, deberán
de contar con el visto bueno de Sanidad.
Según
el Ministerio, España se mantiene como uno de los países europeos con más
fármacos financiados: junto con Francia e Italia, es el único que supera los
10.000 medicamentos con cargo a fondos públicos (en concreto, más de 18.000).
El
listado de fármacos excluidos del Sistema Nacional de Salud fue motivo de
debate en el Consejo Interterritorial de Salud, que se reunió el pasado 27 de
junio.
Andalucía,
País Vasco y, en menor medida, Cataluña criticaron que Sanidad les informara a
última hora sobre esta propuesta, mientras que las comunidades autónomas del PP
respaldaron esta medida porque supondrá un ahorro importante. Los socialistas
consideran que medidas como el copago sanitario y el "medicamentazo" no conseguirá los ahorros previstos y
supondrán más recortes.
De
la firma forma piensan sindicatos como FSS-CCOO, FSP-UGT, SATSE y CSI-F, que
criticaron la propuesta de Sanidad por lo que han venido a llamar el
'medicamentazo', ya que esta medida, a su juicio, "no ahorrará", sino
que "generará más
gasto" a la sociedad.
Y
de "injusta" califican esta medida diversas organizaciones de
consumidores, junto a la patronal farmacéutica, la Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Organización Médica Colegial (OMC).
Estas
organizaciones consideran que esta medida afecta siempre "a los sectores
más desfavorecidos" y "continúa un proceso de desmantelamiento de la
sanidad pública".
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